El conflicto entre el gobierno de Claudio Vidal y los policías autoconvocados de Santa Cruz volvió a escalar. A la falta de acuerdo salarial se sumaron denuncias penales, advertencias de sumarios, sanciones administrativas y acusaciones de “aprietes” que los efectivos atribuyen a funcionarios provinciales en el marco de la negociación.
La protesta, que según los referentes del sector comenzó en febrero y tomó mayor visibilidad en las últimas semanas, sigue sin una salida concreta. La próxima instancia formal fue pautada para el 8 de julio, pero el clima previo está lejos de la distensión.
Uno de los puntos más sensibles del conflicto es la denuncia de presiones contra quienes participan activamente del reclamo. Según los autoconvocados, distintos efectivos recibieron advertencias sobre posibles descuentos salariales, sanciones administrativas, apertura de sumarios, presentaciones judiciales e incluso eventuales detenciones.
El caso del suboficial escribiente Víctor Cortés se convirtió en una de las señales más fuertes de esa tensión. Cortés, referente de los policías autoconvocados, denunció públicamente en su cuenta de Facebook haber sido sancionado luego de participar de un bocinazo pacífico frente a una asociación civil policial y de pedir explicaciones públicas a su presidente, identificado como Galeano.
Según relató, tras ese episodio se le inició un sumario administrativo, se le retiró el arma reglamentaria y fue suspendido por 30 días. Cortés sostuvo que no está procesado penalmente ni cometió delito alguno, y afirmó que otros dos efectivos también fueron suspendidos en el mismo contexto.
“Trabajamos en destinos diferentes y somos del mismo rango, por lo que no existe posibilidad de entorpecer ninguna investigación”, planteó el suboficial, al cuestionar los fundamentos de las medidas disciplinarias.
Cortés también señaló que fue sancionado con 20 días de arresto después de acudir a la Banda de Música Policial para solicitar avales exigidos por el Decreto 212/14, firmado durante la gestión del exgobernador Daniel Peralta. Esa norma, según explicó, establece la necesidad de reunir el 20% de adhesiones para participar en el Consejo del Salario. En ese marco, el referente sostuvo que actuó en cumplimiento de la normativa vigente.
En su mensaje, además, puso bajo sospecha posibles vínculos entre autoridades policiales y miembros de la asociación civil involucrada en el conflicto, y planteó dudas sobre la imparcialidad del proceso administrativo abierto en su contra.
La denuncia de Cortés se inscribe en un escenario más amplio. Medios provinciales registraron la continuidad del reclamo de los policías autoconvocados y la discusión sobre el carácter de la medida, que los referentes presentan como un quite de colaboración y no como una paralización total de la fuerza.
La escalada institucional tuvo otro capítulo el 24 de junio, cuando la Fiscalía de Estado de Santa Cruz presentó una denuncia penal por los hechos ocurridos un día antes en la Casa de Gobierno. La presentación apunta a investigar presuntos delitos durante la manifestación y ocupación de accesos del edificio gubernamental.
Según la denuncia, un grupo de manifestantes vinculados al reclamo salarial policial habría ingresado a los jardines de la Casa de Gobierno y bloqueado accesos, afectando el funcionamiento institucional. La Fiscalía pidió investigar posibles delitos como atentado contra la autoridad, violación de domicilio y coacción, además de solicitar medidas para garantizar el normal funcionamiento del edificio.
Frente a esa presión judicial, los autoconvocados decidieron levantar el acampe dentro del predio. Ramón Quipildor, uno de los referentes del sector, sostuvo que la decisión buscó favorecer la negociación. “Nosotros cedimos para negociar. Dejamos todo en condiciones”, afirmó, aunque marcó que no observó la misma predisposición del Gobierno.
El conflicto también sumó la intervención de funcionarios nacionales. Los autoconvocados denunciaron como intimidatoria la presencia, sin aviso previo, de representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación en una mesa de negociación virtual. Según afirmaron, los funcionarios se conectaron a un Zoom y cortaron la transmisión después de que los policías pidieran explicaciones.
Para los referentes, esa participación abrió una señal política preocupante. Sostienen que la negociación salarial debe resolverse en el ámbito provincial y con autoridades locales, sin el uso de presencias externas que puedan ser leídas como presión sobre quienes reclaman.
La situación interna de la fuerza también muestra fisuras. Según el material base, 63 comisarios y subcomisarios consensuaron una manifestación pública de respaldo a los efectivos autoconvocados, un dato que indica que el malestar no se limita a la tropa ni a los rangos más bajos.
En paralelo, los policías denuncian que durante los cuartos intermedios de las negociaciones aparecieron funcionarios provinciales y jefes policiales para conversar individualmente con delegados, separándolos del grupo. Según Radio News, en esas conversaciones se mencionaban causas federales, investigaciones y posibles sumarios futuros. El medio describió esos episodios como “aprietes silenciosos” y “miedo disfrazado de diálogo”.
Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno provincial no respondió públicamente a las acusaciones de “aprietes” formuladas por los autoconvocados. Tampoco hubo una salida salarial que permitiera desactivar el conflicto antes de la reunión prevista para el 8 de julio.
El escenario combina una paritaria trabada, una fuerza de seguridad movilizada, denuncias judiciales, sanciones internas y una disputa por la legitimidad del reclamo. Para Vidal, se trata de una de las crisis más delicadas desde el inicio de su gestión. Para los efectivos, el reclamo ya no se limita al salario: también incluye garantías de diálogo, reglas claras y freno a las medidas disciplinarias que consideran persecutorias.