La paritaria docente de Santa Cruz volvió a cerrar con tensión política y sindical. En el Acta N.º 06, firmada el 7 de julio de 2026 en Río Gallegos ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Poder Ejecutivo provincial ratificó su propuesta salarial “única e integral”, AMET pidió que se liquide de manera inmediata y ADOSAC la consideró insuficiente, con el compromiso de llevarla a consultas en asambleas y Congreso.
La reunión reunió a representantes del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, del Consejo Provincial de Educación, de ADOSAC, de AMET y de la autoridad laboral. Por el Ejecutivo, la postura fue presentada como el “máximo esfuerzo” posible dentro del contexto económico y financiero provincial. La oferta contempla un aumento del valor punto del 3% para junio, 10% para julio, 1% para agosto, 1% para septiembre, 1% para octubre y 1% para noviembre. Todos los incrementos son acumulativos e impactan tanto en activos como en pasivos.
El esquema oficial también incluye la devolución de días caídos en agosto y octubre, una nueva reunión paritaria durante la segunda quincena de octubre y el pago, con los haberes de julio, del ítem de seguridad e higiene para perceptores de taller. Además, según el acta, el porcentaje correspondiente a junio se abonará por complementaria durante julio.
En el plano laboral, el Ejecutivo propuso dar continuidad durante todo el ciclo lectivo 2027 a los resguardos 2026, sostener fuentes laborales docentes y avanzar en la creación de cargos. Entre esas medidas figuran preceptoras únicas para salas de 4 y 5 años del Nivel Inicial desde febrero de 2027, y parejas pedagógicas en primer grado de Educación Primaria también a partir del próximo ciclo lectivo. La implementación, según quedó asentado, será progresiva, dependerá de limitaciones presupuestarias y se trabajará en una comisión técnica durante el segundo semestre de 2026.
AMET tomó la palabra para pedir al Poder Ejecutivo que proceda de manera inmediata con la liquidación del aumento salarial, al entender que la propuesta ya fue aceptada por su organización. El gremio sostuvo que la discusión paritaria debe continuar, pero remarcó que esa continuidad no debe postergar el ingreso de los trabajadores de la educación. También planteó reclamos por irregularidades en la Dirección Provincial de Educación Técnica y denunció situaciones que, según la entidad, afectan derechos laborales y normativas vigentes.
ADOSAC respondió con una posición distinta. El sindicato señaló que el Ejecutivo volvió a ratificar una propuesta que ya venía siendo cuestionada y anticipó que realizará consultas en asambleas y Congreso antes de dar una definición. También pidió la devolución inmediata, por complementaria, de los descuentos aplicados por días de paro y reclamó un cuarto intermedio a la brevedad para analizar alternativas que eviten una nueva caída del salario real docente.
El Consejo Provincial de Educación defendió la oferta oficial y sostuvo que se trata de una propuesta completa, integral y sostenible en el tiempo. En su intervención, el organismo vinculó las limitaciones presupuestarias con una retracción de la actividad económica y una caída del consumo que impacta en los ingresos provinciales. También defendió la gestión salarial de los últimos años: afirmó que en 2024 se logró una recomposición del 189,09% para docentes y del 203% para directores y supervisores, frente a una inflación patagónica del 125,25%; y que en 2025 los salarios docentes crecieron 45,74%, por encima del 32,9% de inflación regional.
El CPE también destacó la continuidad de los resguardos de cargos y horas cátedra durante el ciclo lectivo 2027, medida que presentó como una decisión de sostenimiento laboral en un contexto de baja de matrícula. Según el organismo, esa política va en sentido contrario a lo ocurrido en otras provincias, donde se registraron bajas de cargos y cierres de escuelas.
La discusión escaló cuando el Consejo Provincial de Educación planteó su preocupación por la prolongación del conflicto y sus efectos sobre la continuidad pedagógica. El organismo sostuvo que cada jornada sin clases representa oportunidades de aprendizaje que no se recuperan plenamente y remarcó que las decisiones de la paritaria alcanzan a miles de estudiantes y familias. También afirmó que, cuando no hay clases, muchos chicos dejan de acceder a derechos que la escuela garantiza cotidianamente.
ADOSAC rechazó esa lectura como una forma de cargar la responsabilidad sobre los trabajadores. El gremio sostuvo que la recomposición salarial de 2025 fue consecuencia de un conflicto y de una lucha docente, no una concesión del Ejecutivo. También afirmó que, durante los primeros cinco meses de 2026, la docencia acumuló una pérdida de poder adquisitivo del 13,3% según los índices del INDEC para la Patagonia, y estimó que el congelamiento salarial y la interrupción de la cláusula gatillo implicaron una pérdida promedio de al menos un millón de pesos por docente en ese período.
El sindicato calificó la política oficial como una política de ajuste sobre empleados públicos y señaló que el dinero no alcanza para llenar el changuito en el supermercado. Aunque valoró avances en la creación de cargos, como parejas pedagógicas y preceptoras únicas, insistió en que la oferta salarial debe mejorarse para evitar nuevos escenarios de conflicto durante el segundo semestre.
La infraestructura escolar también ocupó un lugar fuerte en la discusión. ADOSAC enumeró instituciones con problemas de calefacción, edificios en mal estado, suspensión o rotación de clases, y reclamó inversión y presupuesto para mejorar las condiciones de funcionamiento. Entre los establecimientos mencionados figuran la EIPE de 28 de Noviembre, el CPES N.º 12, la EPJA Secundaria N.º 2 de esa localidad, escuelas de Puerto Santa Cruz, Caleta Olivia, Pico Truncado, El Calafate, Perito Moreno y Las Heras. El gremio también advirtió que las escuelas funcionan sin fondos fijos suficientes para insumos administrativos y de higiene.
El Consejo Provincial de Educación respondió que, en materia de mantenimiento escolar, ya se realizaron las aclaraciones correspondientes y destacó inversiones superiores a 10.870 millones de pesos entre 2024 y junio de 2026 en el marco del Plan de Recuperación Histórica de edificios escolares. También afirmó que desde 2024 se regularizaron más de 700 expedientes administrativos pendientes de gestiones anteriores, vinculados a jubilaciones, instrucciones sumariales y sumarios.
Otro punto de fricción fueron los descuentos por medidas de fuerza. El CPE sostuvo que actuó conforme al principio de legalidad y que la totalidad de los descuentos efectuados resulta acorde a derecho. Además, dejó constancia de que existe un proceso judicial pendiente por descuentos aplicados durante el ciclo lectivo 2025 y que la jurisprudencia provincial sostuvo en reiteradas oportunidades la procedencia de esa medida. ADOSAC, en cambio, insistió en que la devolución de los días descontados es una obligación legal y un reconocimiento necesario frente a la demora oficial en convocar y mejorar las ofertas.
En el tramo final, el Ejecutivo informó que, ante el pedido de AMET y al considerar la oferta como el máximo esfuerzo posible, procederá a efectivizar el pago y la liquidación de la propuesta salarial para los trabajadores del sector docente. ADOSAC objetó esa decisión y sostuvo que debería esperarse la definición del gremio mayoritario, dado que realizará sus instancias de consulta en las próximas horas.
La autoridad laboral dejó asentado que, al existir una propuesta aceptada por AMET y solicitada para liquidación, y al mismo tiempo considerada insuficiente por ADOSAC, se otorga la propuesta única e integral detallada en el acta. La reunión terminó a las 13, con la firma de las partes. El cierre formal no desactiva el conflicto: deja una oferta en marcha, un gremio técnico que pidió cobrar, un sindicato mayoritario que todavía no la acepta y una discusión de fondo sobre salarios, descuentos, condiciones edilicias y continuidad pedagógica que seguirá abierta en las escuelas.