El conflicto salarial con la Policía provincial dejó de ser exclusivamente una disputa laboral. La reducción de los patrullajes, las limitaciones en el sistema 911 y la intervención de fuerzas federales muestran la incapacidad y el fracaso de un Gobierno que permitió que la crisis llegara hasta el límite.
La administración de Claudio Vidal quedó atrapada en una contradicción difícil de disimular: llegó al poder prometiendo orden, autoridad y recuperación institucional, pero terminó reconociendo ante la Legislatura que no puede garantizar plenamente uno de los servicios esenciales del Estado.
La crisis salarial de la Policía de Santa Cruz ya no se desarrolla solamente dentro de una mesa de negociación. Sus consecuencias llegaron a las calles, las comisarías y el sistema de emergencias. Según la información remitida por el Ministerio de Seguridad, una parte mayoritaria de los suboficiales y oficiales subalternos participa del quite de colaboración iniciado el 8 de junio.
En algunas dependencias, la adhesión se acercaría al 90 por ciento. Esto significa que prácticamente no se realizan tareas preventivas, patrullajes ni recorridas habituales, mientras que la atención del sistema 911 se encuentra limitada por la falta de personal operativo.
No se trata entonces de una advertencia opositora ni de una interpretación exagerada. Es el propio Estado provincial el que reconoce que el conflicto afecta directamente la prestación del servicio de seguridad.
Una crisis que el Gobierno dejó crecer
Los policías autoconvocados reclaman que un agente ingresante perciba un salario mínimo de 2.200.000 pesos y que las mejoras sean incorporadas al básico. El Ejecutivo ofreció llevar el ingreso inicial desde aproximadamente 1.220.000 pesos hasta algo más de 1.500.000 mediante incrementos escalonados.
La propuesta fue rechazada porque no respondió a la magnitud del reclamo ni logró recomponer la confianza entre las partes. Después de cuatro reuniones, el Gobierno no consiguió acercar posiciones y la negociación terminó nuevamente empantanada.
El problema no es únicamente la distancia entre las cifras. También es el modo en que la gestión provincial decidió afrontar el conflicto.
Ramón Quipildor, referente de la Mesa de Unidad Policial, denunció presuntos episodios de amedrentamiento por parte de funcionarios provinciales. En la Legislatura, el diputado Carlos Godoy aseguró que durante las negociaciones existieron advertencias sobre descuentos salariales y posibles acciones judiciales.
Son denuncias que deberán ser esclarecidas, pero que describen un escenario político preocupante: en lugar de reconstruir el diálogo con una fuerza agotada y descontenta, el Gobierno elige responder con presión y amenazas.
Esa estrategia no resolvió el conflicto. Lo agravó.
Nación tuvo que cubrir el vacío provincial
La consecuencia más contundente del fracaso político fue la decisión del Ministerio de Seguridad de solicitar asistencia al Gobierno nacional y conformar un comando unificado con participación de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.
La presencia de fuerzas federales puede ser necesaria para evitar una mayor desprotección de la comunidad. Sin embargo, desde el punto de vista político, constituye una admisión inocultable: la provincia no logró sostener con normalidad su propio sistema de seguridad.
El Gobierno de Vidal no convocó a las fuerzas nacionales como parte de un operativo extraordinario contra el narcotráfico o el crimen organizado. Las convocó para cubrir el vacío generado por un conflicto salarial que su propia administración no pudo resolver.
La paradoja es evidente. Mientras el discurso oficial intenta proyectar fortaleza, la realidad muestra a una gestión dependiendo de Nación para garantizar patrullajes y prevención dentro de Santa Cruz.
Ausencias que también son una respuesta
Durante la sesión de la Cámara de Diputados del 25 de junio, los legisladores Carlos Godoy y Agostina Mora cuestionaron la ausencia del ministro de Seguridad y recordaron que anteriores convocatorias extraordinarias fracasado por falta de quórum.
La ausencia de funcionarios frente a una crisis de semejante magnitud no puede ser presentada como un simple inconveniente institucional. Cuando el servicio de seguridad está comprometido, no concurrir a la Legislatura también constituye una decisión política.
El Gobierno exige responsabilidad a los trabajadores policiales, pero no exhibe la misma voluntad cuando debe explicar públicamente cómo permitió que el conflicto llegara a este punto.
Mientras tanto, los santacruceños quedan atrapados entre dos extremos: una fuerza policial que sostiene una medida de protesta ante salarios insuficientes y una administración que parece más dispuesta a imponer autoridad que por construir una salida.
El costo lo pagan los vecinos
La próxima reunión del Consejo del Salario fue fijada para el martes 30 de junio a las 11:00. Hasta entonces, y salvo que exista un cambio de postura, Santa Cruz continuará atravesando una situación de extrema fragilidad operativa.
El Gobierno todavía puede intentar recuperar el diálogo. Para hacerlo deberá abandonar las amenazas, transparentar las cifras, mejorar la propuesta salarial y reconocer que el conflicto no se resolverá castigando a quienes reclaman.
Pero también tendrá que asumir una responsabilidad política que hasta ahora intenta eludir.
El quite de colaboración fue decidido por el personal policial. Sin embargo, la obligación de evitar el colapso del sistema, conducir las negociaciones y garantizar la seguridad pública pertenece al Poder Ejecutivo.
Claudio Vidal gobierna Santa Cruz. No puede culpar indefinidamente a los policías, a la oposición, a los sindicatos o a las gestiones anteriores. Cuando una provincia debe recurrir a fuerzas federales porque su propia Policía prácticamente dejó de patrullar, el problema ya no es solamente salarial.
Es un problema de conducción.
Y frente a esa evidencia, el Gobierno provincial no puede seguir actuando como si la crisis fuera responsabilidad de todos, menos de quienes gobiernan.