Según constató la Agencia Noticias Argentinas, el gas pimienta SABRE RED Mod. 92H2O60 MK9, un aerosol de 450 ml con chorro balístico de hasta 10 metros, se vende en el país por $288.287.
En contraste, la jubilación mínima de marzo de 2025 es de $279.121,71, a lo que se suma un bono de $70.000, alcanzando un total de $349.121,71.
La imagen, que circuló masivamente en plataformas como X (ex Twitter), Instagram y Facebook, desató una ola de indignación al reflejar el gasto del Estado en equipamiento represivo frente a los escasos ingresos de los jubilados, quienes fueron blanco directo de la violencia policial en la protesta del miércoles pasado.
La represión y el uso de gas pimienta: un gasto millonario
El gas pimienta en cuestión es similar al empleado por la Policía Federal y la Policía de la Ciudad durante el operativo en Plaza Congreso, donde se registraron ataques directos contra jubilados, periodistas y manifestantes.
Entre las víctimas más graves de la represión se encuentra el fotógrafo Pablo Grillo, quien recibió un impacto directo en la cabeza con un cartucho de gas lacrimógeno, lo que lo dejó en estado crítico.
Además, videos registrados en el lugar muestran cómo agentes policiales lanzaban gas pimienta a quemarropa contra manifestantes, incluyendo a personas mayores y mujeres, en un accionar que fue fuertemente cuestionado por organismos de derechos humanos y sectores de la oposición.
Indignación en redes y protestas espontáneas
La brutalidad del operativo no solo generó cacerolazos en distintos puntos del país, sino también una multitudinaria movilización nocturna a Plaza de Mayo en repudio a la represión.
En redes sociales, la comparación entre el costo de la represión y el monto de una jubilación sirvió para evidenciar las prioridades del Gobierno de Javier Milei.
"Un jubilado que cobra la mínima tiene que vivir un mes entero con lo mismo que el Gobierno gasta en un solo aerosol de gas pimienta", comentaron usuarios en X, mientras que otros ironizaron con frases como "con la plata de una jubilación, el Estado elige comprar represión".
La controversia se suma al malestar generalizado por los recortes en salud, medicamentos y asistencia social a los jubilados, quienes denuncian estar en una situación de extrema vulnerabilidad ante la creciente inflación y la caída del poder adquisitivo.
El costo de la represión y las prioridades oficiales
El uso de equipos antidisturbios como el gas pimienta, balas de goma y gases lacrimógenos implica una inversión millonaria por parte del Estado. Sin embargo, no existe transparencia en la rendición de estos gastos, ni tampoco un debate público sobre su uso en manifestaciones pacíficas.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha defendido en reiteradas ocasiones el uso de estos dispositivos bajo el argumento de "mantener el orden público", pero los episodios de violencia policial en la marcha de jubilados refuerzan la percepción de un abuso de la fuerza y una estrategia de disciplinamiento social.
La indignación persiste, y la pregunta sigue en el aire: ¿Cómo es posible que el Estado gaste en equipamiento represivo casi lo mismo que paga a los jubilados para sobrevivir?
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