Río Gallegos volvió a sumarse este jueves a una jornada nacional de movilización en defensa de la universidad pública. Autoridades, docentes, NODOCENTES, estudiantes, representantes gremiales y organizaciones marcharon desde Plaza Güemes hasta el mástil mayor de la ciudad en el marco de la Quinta Marcha Federal Universitaria.
La columna estuvo encabezada por la rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Roxana Puebla, y la vicerrectora Eugenia de San Pedro, acompañadas por autoridades de la Unidad Académica Río Gallegos y representantes de ATUNPA, ADIUNPA, SIDUNPA y agrupaciones estudiantiles. También participaron integrantes de la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional.
La movilización tuvo como principal reclamo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y volvió a poner sobre la mesa el deterioro salarial, las becas estudiantiles, el funcionamiento de las universidades y la situación del sistema científico.
En el mástil mayor se leyó el documento elaborado para la jornada nacional, que vinculó el reclamo universitario con tres consignas: educación, soberanía y democracia.
El texto sostiene que la discusión dejó de pasar por la posibilidad de crecer o ampliar el sistema. “Las universidades y el sistema científico-tecnológico no están discutiendo hoy sus márgenes de expansión o crecimiento, sino la preservación de las condiciones mínimas de existencia”, advierte el documento.
La declaración cuestiona al Gobierno nacional por la falta de aplicación integral de la Ley 27.795 y recuerda que existe una medida cautelar que exige el cumplimiento de sus artículos vinculados con salarios y becas.
Ese conflicto ya llegó varias veces a la Justicia. El juez federal Martín Cormick ordenó avanzar con la aplicación de aspectos de la ley y durante esta semana dispuso además una multa diaria al jefe de Gabinete por el incumplimiento de una orden judicial.
El documento leído en Río Gallegos también puso el foco en las condiciones de los estudiantes. Señaló la pérdida de poder adquisitivo de las becas, las dificultades para sostener gastos de transporte y materiales y el impacto que esa situación puede tener sobre la permanencia dentro de la universidad.
La preocupación alcanza además a docentes y NODOCENTES.
Las organizaciones universitarias sostienen que el deterioro salarial acumulado está provocando renuncias, pluriempleo y dificultades para sostener equipos formados durante años.
Otro eje estuvo puesto en el proyecto de Presupuesto 2027. El Consejo Interuniversitario Nacional viene reclamando mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las universidades y presentó ante el Congreso una propuesta propia de financiamiento.
La movilización de Río Gallegos replicó así una protesta que tuvo expresiones en distintas ciudades del país.
En Santa Cruz, el reclamo tiene además una dimensión territorial. La UNPA mantiene unidades académicas y centros en distintas localidades y sostiene que garantizar su funcionamiento resulta indispensable para que estudiar una carrera universitaria no dependa necesariamente de abandonar la provincia.
La marcha cerró con una definición que resume el planteo de las organizaciones convocantes: la universidad pública no es presentada como un gasto a reducir, sino como una herramienta de formación, investigación, desarrollo y movilidad social.