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Sin recuperación: Argentina perdió más de 27.000 empresas y cada vez se abren menos

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Sin recuperación: Argentina perdió más de 27.000 empresas y cada vez se abren menos

Entre fines de 2023 y 2025, la cantidad de firmas privadas con empleo registrado cayó un 4,8%. La disminución de nuevas aperturas profundiza el deterioro del entramado productivo.

La pérdida de empresas en Argentina no se explica únicamente por los establecimientos que cierran sus puertas. También existe un fenómeno menos visible, pero con consecuencias directas sobre el empleo y la actividad económica: cada vez se registran menos nuevas empresas con trabajadores formales. Los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) muestran que las aperturas cayeron aproximadamente un 21% entre el último trimestre de 2023 y el mismo período de 2025.

De acuerdo con la serie analizada, las aperturas de empresas privadas con empleo registrado pasaron de 17.203 a 13.562 en esos dos años. En cambio, los cierres aumentaron de 19.173 a 19.578, una variación cercana al 2%.

La diferencia permite identificar uno de los problemas que atraviesa el entramado productivo argentino. Aunque la cantidad de empresas que dejan de registrar trabajadores no crezca de manera extraordinaria, una reducción sostenida de las aperturas alcanza para profundizar el saldo negativo.

Entre el cuarto trimestre de 2023 y el cuarto de 2025, el total de empresas privadas con empleo registrado pasó de 567.416 a 540.262. Esto representa una disminución de 27.154 firmas, equivalente al 4,8%.

La información requiere una precisión: el OEDE registra como apertura el comienzo de la declaración de empleo formal y como cierre el cese de esa declaración. Por lo tanto, esas categorías no significan necesariamente que una sociedad comercial haya sido creada o disuelta.

Una empresa puede continuar existiendo legalmente sin trabajadores registrados. Del mismo modo, un emprendimiento que incorpora su primer empleado puede ingresar en las estadísticas aunque ya estuviera funcionando anteriormente.

Más allá de esa diferencia metodológica, los números reflejan una reducción en la cantidad de firmas que sostienen empleo privado formal.

El fenómeno adquiere relevancia porque la creación de nuevos emprendimientos es una de las vías para ampliar las oportunidades laborales, incorporar tecnologías y diversificar la actividad económica.

Cuando disminuye el número de empresas que ingresan al sistema productivo, también se reducen las posibilidades de generar nuevos puestos de trabajo desde actividades que antes no existían.

Desde MONAPY, organización vinculada con las pequeñas y medianas empresas, plantean que la discusión económica debe incorporar no solamente las razones por las que cierran negocios, sino también los obstáculos que impiden poner en marcha nuevos proyectos.

La entidad propone analizar las inversiones que empresarios y emprendedores consideran posibles, pero que finalmente no concretan por falta de financiamiento, incertidumbre, dificultades regulatorias o expectativas insuficientes de ventas.

Para estudiar ese fenómeno, MONAPY impulsa el concepto de Stock de Proyectos Reprimidos (SPR), que agrupa iniciativas productivas identificadas por las empresas que permanecen sin ejecutar.

Puede tratarse de la compra de maquinaria, una ampliación de instalaciones, el lanzamiento de un producto, la apertura de una sucursal, una operación de exportación o la incorporación de personal.

La propuesta busca medir cuánto capital permanece sin invertirse y qué capacidad de generación de empleo podría existir detrás de esas decisiones postergadas.

Por el momento, no hay una estimación consolidada del volumen de proyectos comprendidos en ese concepto ni de la cantidad de puestos de trabajo que podrían generar.

MONAPY utiliza un ejercicio hipotético para ilustrar su posible dimensión. Si 100.000 pequeñas y medianas empresas tuvieran una inversión pendiente de 30.000 dólares cada una, el total alcanzaría los 3.000 millones de dólares.

Si el mismo monto correspondiera a 300.000 firmas, la inversión potencial ascendería a 9.000 millones.

Esas cifras no representan dinero efectivamente disponible ni una proyección comprobada sobre la economía argentina. Son ejemplos utilizados para mostrar cómo numerosas decisiones empresariales de menor escala podrían adquirir importancia cuando se consideran en conjunto.

La organización sostiene que, para convertir esos proyectos en inversiones reales, resulta necesario atender diferentes condiciones de funcionamiento de las empresas.

Entre ellas menciona el acceso al crédito, la previsibilidad de las normas, los costos tributarios y administrativos y la posibilidad de planificar inversiones sin enfrentar cambios inesperados.

Sin embargo, también reconoce que el financiamiento por sí solo no alcanza.

Una empresa difícilmente decida ampliar su producción si no espera encontrar compradores para sus productos o servicios. Por eso, las perspectivas de consumo interno y las oportunidades de exportación forman parte de las condiciones que influyen sobre cualquier inversión.

La propuesta de MONAPY consiste en estudiar simultáneamente los obstáculos para producir y las posibilidades concretas de vender.

Para avanzar en ese diagnóstico, plantea realizar consultas periódicas a las empresas sobre los proyectos que podrían concretar durante los próximos 24 meses, los montos que necesitarían, las barreras que enfrentan y el empleo que estiman generar.

Con esa información, según la entidad, podrían diseñarse herramientas específicas para diferentes actividades y regiones, además de evaluar si las políticas implementadas consiguen transformar iniciativas postergadas en inversiones efectivas.

El planteo también se vincula con una discusión más amplia sobre la relación entre producción y trabajo. Las empresas necesitan condiciones para desarrollar sus actividades y los trabajadores requieren oportunidades laborales e ingresos que les permitan sostener sus hogares.

Esa relación no elimina los debates sobre salarios, legislación laboral o protección social. Por el contrario, incorpora la capacidad de creación de empleo como otra dimensión del problema económico.

Los registros del OEDE muestran que Argentina enfrenta dificultades tanto para sostener su cantidad de empleadores como para renovar el tejido empresarial mediante nuevas incorporaciones.

El desafío, según el enfoque presentado por MONAPY, consiste en construir condiciones que permitan evitar cierres, favorecer la aparición de nuevas firmas y recuperar los proyectos de inversión que permanecen detenidos.

La evolución del empleo privado dependerá, entre otros factores, de que esas posibilidades puedan convertirse en actividad económica efectiva y no queden solamente como iniciativas que nunca llegan a ponerse en marcha.

En ese debate también aparece la dimensión social del trabajo. Durante su encuentro con trabajadores y empresarios en la Universidad Católica Argentina, el 9 de noviembre, el papa León XIV advirtió que privar a una persona de empleo significa “herir gravemente su dignidad”. Además, convocó a encontrar un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores, sus familias y las posibilidades de las empresas.

La reflexión fue retomada en el planteo de MONAPY para sostener que la defensa del empleo requiere atender tanto los derechos laborales como las condiciones económicas que permiten crear nuevos puestos de trabajo. Esa interpretación corresponde a los autores del documento y forma parte de su propuesta para discutir el desarrollo productivo argentino.

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